La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) encendió la alarma por una medida del Gobierno nacional: se eliminó el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y niñas, niños y adolescentes con cáncer.
Según ADPRA, aunque la resolución mantiene la obligación de entregar esos pasajes, el problema es que la eliminación de las compensaciones se aplicó sin sumar mecanismos extra de control, auditoría y sanción para garantizar que las empresas cumplan.
¿Qué podría pasar en la práctica?
ADPRA sostiene que, en un contexto de ajuste, esto podría traducirse en más obstáculos para acceder al beneficio: reducción de cupos, demoras para reservar, trabas burocráticas o rechazos de solicitudes.
Además, remarcan que muchas personas dependen del transporte interurbano para tratamientos médicos, controles y prestaciones esenciales, por lo que cualquier limitación termina afectando otros derechos básicos.
Qué pide ADPRA
La entidad exigió a la CNRT que implemente un sistema de seguimiento y auditoría sobre la emisión de pasajes gratuitos, que se refuercen sanciones a empresas incumplidoras y que se garantice el acceso real a los sistemas de reserva. También reclamó que el Poder Ejecutivo informe en 30 días qué medidas tomará para evitar que esta decisión termine recortando el acceso.